Estos nuevos modos de relaciones sociales, no están al margen de las leyes y deben respetarlas, aunque, sin bien es cierto que en muchas ocasiones, las normativas legales no estaban “preparadas” para este mundo 2.0.

En este sentido, quisiera reflexionar sobre el siguiente supuesto de hecho: Un padre, publica en su perfil de Facebook unas fotografías en las que aparece su hijo de 6 años, jugando al fútbol y etiqueta esas fotografías como “El futuro Fernando Llorente” .

Este hecho, tan habitual en Facebook, me hace pensar sobre si supone una intromisión ilegítima o no en la “propia imagen” del menor y puede que se llegue a una conclusión sencilla: El padre,  es quien publica las fotografías y, por tanto, como representante legal del menor, tiene potestad para hacerlo. Pero, ¿realmente es tan sencilla la respuesta?

En este punto, creo conveniente recordar que la Constitución, en su artículo 18.1,  “garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Y esa protección, se materializa a través de una Ley Orgánica, de casi 30 años: la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Esta norma legal en su artículo Primero-Uno, nos viene a recordar que “El Derecho Fundamental al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica.” Además, estos derechos son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles.

Por otro lado, la Ley Orgánica 1/1982, en su artículo Segundo-Uno, establece que la protección de estos derechos está delimitada por las leyes y por los usos sociales según el ámbito que mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia.

Vemos pues, que el concepto de intromisión ilegítima, es un concepto capital en la Ley Orgánica 1/1982 y, por ello, se definen una serie de situaciones en su artículo Séptimo que se consideran como intromisiones ilegítimas. Me quiero centrar en la siguiente (apartado Cinco): “La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos. ”

Vemos, por tanto que captar, reproducir o publicar fotografías de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, se considera una intromisión ilegítima, salvo que:

• La fotografía sea de una persona con un cargo público o una profesión de notoriedad  se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público, o bien, se realice una caricatura de estas personas.
• La fotografía sea sobre un suceso  público y la imagen de una persona aparece como meramente accesoria.
• Cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso (en virtud del artículo Segundo-Dos de la Ley Orgánica 1/1982).

Gontzal Gallo

Consultor – auditor jurídico en Nuevas Tecnologías

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El Evento, cuya entrada es libre, previa inscripción,  se celebrará en el Palacio Bake-Eder (Avenida Zugazarte Nº 32 ) de Getxo y cuenta con dos sesiones de mañana y tarde en las que los diferentes ponentes tratarán sobre:

• Nuevo Decreto de Administración Electrónica del Gobierno Vasco.
• Nuevo Decreto de Administración Electrónica de la CAE. Un vistazo desde la protección de datos.
• Servicios Telemáticos y Comunicación a la Ciudadanía en los Ayuntamientos.
• Proyecto BiscayTIK: algo más que tecnología.
• El “valor” de usar certificados.
• Códigos de verificación de documentos (para la ciudadanía).
• Sustitución del papel en el Registro de entrada.
• Tramitación electrónica de disposiciones generales.
• Osabide Global: Breve descripción del nuevo sistema de historia clínica informatizada implantado en Osakidetza.
• Breve análisis crítico del concepto de cesión de datos de carácter personal aplicado al ámbito de la sanidad.
• Supuestos prácticos del derecho a la protección de datos sanitarios.
• “Doscerismo” sanitario: El impacto de la red y las herramientas sociales en el ámbito sanitario.

Para más información, la podéis encontrar en el Programa de la Jornada (PDF) disponible en la web del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya

Esta labor, va a ser realizada por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y cuyas funciones les son otorgadas por el artículo 158 (en sus apartados 2 y 4)  del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (LPI).

La Sección Segunda se compone de cinco miembros:

• La persona titular de la Secretaría de Estado de Cultura, que será el presidente.
• Vocal nombrado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• Vocal nombrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
• Vocal nombrado por el Ministerio de Presidencia.
• Vocal nombrado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

También se cuenta con la participación de un funcionario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que actúa como secretario de la Sección y que cuenta con voz, pero no voto.

1.- ALGUNAS PREGUNTAS PREVIAS

¿Cuando actúa esta Sección?

En los casos de vulneración de derechos de propiedad intelectual, por parte de un responsable de un servicio de la sociedad de la información, cuando directa o indirectamente actúe con ánimo de lucro o haya causado o pueda causar un daño patrimonial a los titulares de dichos derechos.

Además, esta Sección dará traslado a la entidad competente, cuando se tuvieran noticia de hechos constitutivos de delitos o de incumplimientos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y en sus actuaciones deberá cumplir la LOPD, algo que, de pura lógica, no habría hecho falta mencionar, atendiendo al ámbito de aplicación de la LOPD y a los principios generales y de las relaciones entre las Administraciones Públicas consagrados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

¿Que es lo que pretende este procedimiento?

Su finalidad es restablecer la legalidad cuando se declare la existencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual mediante la prestación de servicios de la sociedad de la información.

¿Quién posee la legitimación activa?

Los titulares de derechos de propiedad intelectual que consideren vulnerados estos derechos o sus representantes.

¿Quién posee la legitimación pasiva?

Los responsables de servicios de la sociedad de la información sobre los que existan indicios de que están vulnerando derechos de propiedad intelectual.

¿Cuáles son las “particularidades”  en cuanto al lugar y forma?

Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007 y el lugar de notificación será la dirección que conste en el sitio web del prestador, según lo establecido por el artículo 10.1.a de la Ley 34/2002.

2.- FASE PRELIMINAR E INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

• El procedimiento se insta mediante la solicitud de las personas o entidades que cuenten con la legitimación activa. Deberá cumplirse lo dispuesto en la Ley 30/1992, en relación a solicitudes de iniciación de procedimiento y deberá contener la información recogida en el artículo 17.2 del  Real Decreto 1889/2011.
• Recibida la solicitud, y si cumple con todos los requisitos anteriores, se acordará inicio del procedimiento que se comunicará al prestador de servicio de la sociedad de la información.
• ¿Y sí no es posible identificar al responsable y “supuesto infractor”? La Sección Segunda envía inmediatamente al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo una solicitud de autorización judicial, para que requiera al prestador de servicios de intermediación la cesión de datos que permita identificar al responsable y le sea posible notificar el inicio del procedimiento.
• Tras el Auto del órgano judicial autorizando la identificación, se dará traslado al prestador de servicios de intermediación, para que en 48 horas identifique al responsable del servicio de la sociedad de la información. Obviamente, el Auto puede denegar esa autorización, lo que también se dará traslado al prestador de servicios de intermediación.
• Una vez identificado, se acordará inicio del procedimiento que se comunicará al prestador de servicio de la sociedad de la información.
• En cualquier caso, el acuerdo de inicio de procedimiento, contendrá, entre otras cuestiones, un requerimiento para que en 48 horas se retire voluntariamente la información, supuestamente infractora.

3.- RETIRADA INVOLUNTARIA, FASE DE ALEGACIONES Y PRUEBAS

Tras la comunicación de la iniciación del procedimiento, el supuesto infractor tiene dos posibilidades:

• Retirar el contenido “supuestamente infractor” en 48 horas. Si se opta por esta opción, el Real Decreto 1889/2011 le da un “valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración”. Por tanto, se me antoja una actuación poco atractiva para el responsable del servicio de la sociedad de la información, puesto podría quizás podría abrir las puertas a procedimientos civiles de responsabilidad extracontactual.
• Realizar alegaciones: Estamos ante un procedimiento administrativo y, por tanto, de acuerdo a la Ley 30/1992, se cuenta con el derecho de realizar alegaciones y la proposición de pruebas en su defensa. Para ello se cuenta con 48 horas.

4.- RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN

• Tras el plazo para las conclusiones, la Sección Segunda deberá dictar resolución motivada en tres días en la que se declarará la existencia o inexistencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual por el un responsable de un servicio de la sociedad de la información.
• En caso de que se declara la existencia de vulneración, en la misma resolución se ordenará la retirada de los contenidos “infractores” o la interrupción del  servicio de la sociedad de la información, en un plazo de 24 horas desde la notificación.
• Si trascurrido ese plazo, no se cumple con dicho mandato, la Sección Segunda se dirigirá al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para que en el plazo de dos días dicte Auto autorizando o denegando la ejecución de la medida.
• En caso que se autorice, se comunicará al prestador de servicios de intermediación para que en 72 horas cumpla con dicha resolución y proceda a suspender el servicio. 

Gontzal Gallo

Consultor – auditor jurídico en Protección de Datos

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En realidad, se regulan dos situaciones en las que se puede acudir a este procedimiento:

• Para dar solución a los conflictos que se existan entre entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, o entre éstas y las asociaciones de usuarios de su repertorio o las entidades de radiodifusión o de distribución por cable.
• Con el objeto de fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, respecto a la cantidad a pagar por las entidades de distribución por cable de una emisión de radiodifusión, cuando no haya acuerdo entre éstas y las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. (Recordemos que la mediación también nos servía para intentar “dilucidar” esta situación).

Al igual que ocurría la mediación, el órgano competente sería la Comisión de Propiedad Intelectual y,  concretamente su Sección Primera. Me remito al post anterior para conocer su composición y funciones.

1.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La legitimación activa la poseen las entidades a las que ente procedimiento intenta dar solución (es decir las que se reflejan más arriba cuando se describen las situaciones a las que se intenta dar solución). El procedimiento se rige, en todo momento, por lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Se inicia enviando una solicitud a la Sección Primera (existe un modelo normalizado en el Anexo I del Real Decreto 1889/2011) y en dicha solicitud se puede invocar un convenio o una cláusula arbitral o bien, instar a la Sección Primera que de traslado a la otra parte de una petición de arbitraje.

Una vez recibida por la Sección Primera, se envía “sin dilación”  a la otra parte y:

• En caso de que exista un convenio o cláusula arbitral, debe contestar en 30 días hábiles.
• En caso de que sea una petición de arbitraje, la no contestación en 30 días se entiende como una negativa y se termina el procedimiento.

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El próximo 28 de Enero se celebra el “Día de Protección de Datos” en Europa. “Entre Códigos Civiles y Androides” quiere sumarse al mismo y, para ello trascribe la Nota de Prensa de la AEPD sobre dicho día:

El próximo 28 de enero se celebra por sexta vez el “Día de la Protección de Datos” en Europa, una jornada impulsada por la Comisión Europea, el  Consejo de Europa y las autoridades de protección de datos de los Estados miembros de  la Unión Europea con el objetivo de impulsar entre los ciudadanos el conocimiento de sus derechos y responsabilidades sobre protección de datos.

Entre los actos previstos en nuestro país con motivo de la celebración de esta día, la  Agencia Española de Protección de Datos organizará la “4ª Sesión Anual Abierta de la  AEPD”, que tendrá lugar el viernes 27 de enero en los Teatros del Canal (C/ Cea  Bermúdez, 1).

En esta ocasión, la 4ª Sesión Anual Abierta de la AEPD, además de abordar las  novedades más destacadas en materia de protección de datos tanto en el ámbito nacional  como internacional, estará centrada en la Computación en Nube o Cloud Computing, un modelo de prestación de servicios de tecnología en auge, que en la  actualidad suscita interrogantes sobre las garantías aplicables en el marco de estos servicios en materia de protección de datos, y que está siendo objeto de análisis y evaluación en  distintos ámbitos.

Asimismo, en el marco de esta jornada, la AEPD hará entrega de los “Premios  Protección de Datos 2011”, que este año alcanzan su XV edición. Estos galardones  reconocen aquellos trabajos de expertos y medios de comunicación que en mayor  medida promueven el conocimiento y la investigación del derecho a la protección de
datos.

Sexto Día de la Protección de Datos en Europa
La celebración del Día Europeo de Protección de Datos se remonta a 2006, cuando el  Comité de Ministros del Consejo de Europa estableció la celebración anual del Día de la  Protección de Datos en Europa el día 28 de enero -en conmemoración del aniversario de  la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de personas con  respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal- el 28 de enero de  1981, piedra angular de la protección de datos en Europa.

Gontzal Gallo

Esta labor, como el arbitraje (que será analizada en el siguiente post), es ejercidada por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual y cuyas funciones les son otorgadas por el artículo 158.3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (LPI).

La Sección Primera se compone de tres miembros nombrados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y ejercen sus funciones por tres años. Para su funcionamento,  se nombrará a un Presidente y a un Vicepresidente. Obviamente, ejercen sus funciones con “independendencia, neutralidad e imparcialidad”. También se cuenta con la participación de un funcionario del Ministerio, que actúa como secretario de la Sección y que cuenta con voz, pero no voto.

Una de la cuestiones que, particularmente, me ha llamado la atención es que “todas las actuaciones (…) se realizarán haciendo uso de medios electrónicos (…) de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007 (…)”, en un intento de impulsar la Administración Electrónica.

1.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La legitimación activa de este procedimiento la poseen los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable, siempre que tengan un conflicto respecto a la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y la distribución por cable de una emisión de radiodifusión.

Así podrán actuar de dos maneras:

• Enviando una solicitud de mediación mediante el modelo establecido al efecto en el Anexo I del Real Decreto 1889/2011 en la que haga constar su sometimiento a la Sección Primera para la resolución del conflicto.
• Instando a la Sección Primera para que envíe una solicitud a la otra parte para someterse a mediación. La falta respuesta (de esta otra parte) en 15 días pone fin al procedimiento.

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La Administración Electrónica ha venido para quedarse.

Quiero agradecer a mi compañero tuitero, la oportunidad de poder haber escrito en su Blog y, de paso, felicitarle por el mismo, con siempre interesantes temas que generan, en muchos casos, arduos debates que nos sirven para aprender a todos. Sin duda, un Blog para marcarlo entre los favoritos.

Gontzal Gallo.

• El presente post lo dedicaré a la parte no dispositiva, es decir, a la Exposición de Motivos, para que podamos conocer cuáles son las “inquietudes del Gobierno”, que le han llevado a legislar en esta materia.
• Continuaré, con la explicación del Procedimiento de Mediación.
• En tercer lugar, mostraré, la regulación del Procedimiento de Arbitraje.
• Por último, haré referencia a su apartado más polémico:  El Procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Este Real Decreto, se dicta en desarrollo de la llamada “Ley Sinde”, que recordemos, no es una Ley, sino una Disposición Final (la 43) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que la podemos definir como una MacroLey que modifica un alto número de leyes (entre otras la LOPD y su régimen sancionador).

Dicha Disposición Final, realiza, entre otras,  modificaciones en las siguientes normativas:

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).
• Da una nueva redacción al artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (LPI).
• Crea el artículo 9.2, modifica el artículo 80.1.d y crea el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de abril, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Es precisamente el artículo 158 de la LPI, el que formalmente crea la Comisión de Propiedad Intelectual y que el Real Decreto 1889/2011 se encarga de desarrollar.

Después de esta pequeña introducción, voy a proceder a especificar los aspectos más relevantes de su Exposición de Motivos:

• Se pretende dotar a la Comisión de Propiedad Intelectual (concretamente a su Sección Primera) de más competencias, en relación a la mediación y arbitraje en el sistema vigente de propiedad intelectual, en relación a conflictos que pudieran surgir con la gestión colectiva de de derechos de propiedad intelectual, las entidades de gestión, los titulares de derechos y las entidades de radiodifusión.
• Se regulan las funciones que la LSSICE otorga a la Comisión de Propiedad Intelectual (específicamente a su Sección Segunda) para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su “vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información”.
• Para reforzar las potestades de la Sección Segunda, el regulador, pone en la balanza dos derechos protegidos por el artículo 20 de la Constitución: La Libertad de expresión , de pensamientos, ideas y opiniones (artículo 20.1.a), y la Libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica (artículo 20.1.b).
• Se reconoce que las “Nuevas Tecnologías” son un vehículo para la creación y difusión de contenidos culturales, pero, a su vez, son un instrumento para menoscabar los derechos de propiedad intelectual que, cuantifica económicamente en una pérdida de alrededor del 4% de PIB español.
• Se manifiesta que la protección de los derechos de autor en “los entornos digitales” es una preocupación no sólo a nivel nacional, sino a nivel europeo e internacional.
• Se especifica que cuando las medidas que se adopten por la Comisión de Propiedad Intelectual, puedan afectar a la libertad de expresión e información, éstas deberán ser decididas por órganos jurisdiccionales competentes (de ahí las modificaciones de la Ley 29/1998, de 13 de abril, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en la famosa Disposición Final 43).
• Por último, informa que la en la elaboración de este Real Decreto han participado diversos Ministerios, han sido consultados varios organismos oficiales y han sido escuchados organizaciones y asociaciones que representan a los legítimos interesados.

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Este Dictamen fue emitido tras la consulta de una guardería (obviamente del sector público) y, en concreto, las preguntas que planteaba a la Agencia Vasca de Protección de Datos  eran las siguientes:

¿Los datos contenidos en estas libretas son parte de un fichero organizado titularidad de la escuela pública?

¿Se trata de unos datos mantenidos por personas físicas (los padres) en el ejercicio de actividades personales o domésticas?

¿Cuál es el régimen aplicable a estos datos?

En caso de ser aplicable la normativa sobre protección de datos, ¿quién es el Responsable del Fichero? ¿Qué responsabilidad tiene la escuela pública durante el tiempo que esos datos se encuentra en su poder (los niños traen sus libretas por la mañana y se las llevan por la tarde)? ¿Debe la escuela pública desarrollar algún tipo de documentación que regule este flujo de datos?

La conclusión a la que la AVPD llega es que no es de aplicación la normativa de protección de datos por los siguientes motivos:

- Lo que se plantea en la consulta es un “canal de información” entre los padres y la guardería.

- La finalidad principal no es la “de almacenar datos, y por tanto, de ficheros en sentido estricto, sino de establecer un medio de relación”.

- La libretas son un documento de los padres, puesto a disposición por el centro educativo sobre el que no va ejercer ninguna facultad de responsable de fichero, sino establecer “un canal de comunicación, asimilable a una conversación privada entre padres y trabajadores del centro”.

- Se puede dar el caso que algún dato contenido en las libretas forme parte de algún fichero responsabilidad del centro, pero  “la libreta en sí no merece tal consideración”.

¿Qué os parece este criterio? ¿A una guardería “privada”, le podría ser de aplicación el mismo criterio?

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